Delito Fiscal: Qué es y en Qué se Diferencia de la Infracción Tributaria

¿Se puede ir a la cárcel por defraudar a Hacienda? Pues sí. La respuesta es sí. Sí que se puede ir a prisión por no pagar impuestos.

Estaríamos ante lo que se llama delito fiscal y en este artículo vamos a ver cuando se produce y los requisitos que tienen que concurrir para que se de esta figura.

Ya te adelanto que puede dar lugar a una situación muy complicada, por lo que lo ideal es que si crees que puedes verte en un escenario así te pongas en manos de buenos profesionales. Como dice Luis Chabaneix, abogado penalista experto en delitos económicos «muchos contribuyentes temen a una inspección de hacienda por las sanciones económicas que pueda acarrear y desconocen que, si se dan determinadas circunstancias, las consecuencias pueden ser mucho más graves».

 

El delito fiscal en el código penal 

El delito fiscal se regula en el artículo 305 del código penal y en él se establece que:

“El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de…” 

Veamos este artículo por partes:

  • El hecho que configura el delito es el defraudar a la Hacienda Pública, ya sea estatal, autonómica, foral o local. Y tanto por acción como por omisión, es decir, ya sea realizando una actuación que implique ingresar de menos, por ejemplo una declaración falseada (acción), como cuando esto se produzca por no presentar una liquidación por ejemplo (omisión).
  • El fraude puede consistir en:
  1. Eludir el pago de un tributo, cualquiera que sea.
  2. No realizar ingresos a cuenta o no pagar las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener. Por ejemplo, a trabajadores, profesionales, etc.
  3. Obtención indebida de devoluciones o haber disfrutado de beneficios fiscales sin tener derecho a ellos.
  • La cuantía de lo defraudado tiene que ser superior a 120.000 euros.

En este sentido la norma establece que si estamos ante un tributo de carácter periódico se tendrá en cuenta el importe que corresponda a cada período impositivo y si este es inferior a 12 meses se sumarán todos los que correspondan a un año natural. 

Es decir, en el caso del IVA, por ejemplo, que se liquida trimestral o mensualmente se sumarán todas las cantidades defraudadas en un año natural para ver si se llega a los 120.000 euros. 

En el Impuesto de Sociedades, sin embargo, solo se tendrá en cuenta una liquidación porque el período impositivo abarca 12 meses.

Pena  

La pena que contempla la ley para este tipo de delitos consiste en:

  • Prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada.
  • Además, también supone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social en un período de 3 a 6 años. 

 

Regularización tributaria como eximente de responsabilidad 

Cuando el obligado tributario regularice su situación con la Hacienda Pública (es decir, ingrese las cantidades defraudadas) antes de que se inicie procedimiento alguno relativo a esos hechos por parte de la Administración, Ministerio Fiscal o Juzgado no se producirá delito fiscal alguno.

Es decir, si se ingresan a favor del Tesoro Público las cantidades cuyo pago se ha eludido antes que tenga lugar cualquier actuación tendente a su comprobación o cobro se evitará la comisión del delito fiscal.

Diferencia entre infracción tributaria y delito fiscal 

Dos elementos son los que determinan si el defraudar a la Hacienda Pública se califica como infracción administrativa o como delito.

Por una parte, está la cuantía: a partir de 120.000 euros estamos ante un delito y por debajo de esa cantidad el hecho es constitutivo de infracción administrativa.

Por otra parte, para que cualquier conducta sea calificada de delito fiscal requiere que haya concurrido dolo, es decir, intención de defraudar. Por tanto, si no ha existido esta voluntariedad consciente (como, por ejemplo, en el caso de un error) estaremos ante una infracción administrativa.

El hecho de que una conducta sea calificada de uno u otro modo tiene importantes consecuencias y las principales son:

  • Que de la comisión de una infracción tributaria se deriva un procedimiento sancionador que se lleva a cabo por los órganos de la Administración y que nunca acarrea la privación de libertad. 
  • Que los delitos fiscales se dirimen en los Juzgados de lo Penal y sí que conllevan la imposición de penas de privación de libertad.