La Ley de Segunda Oportunidad a Grandes Rasgos

Al contraer una deuda somos responsables de su cumplimiento con todos nuestros bienes presentes y futuros.

Esto quiere decir que, en principio, hasta que no paguemos a nuestros acreedores estos siempre van a poder reclamarnos el dinero, embargar nuestros bienes y cuentas corrientes e incluso parte de la nómina.

Si estamos hablando de una cantidad muy grande el proceso puede ser infinito y paralizante, porque puede suponer entrar en un círculo vicioso que hará casi imposible el poder volver a una situación económica normal.

Pero desde que el 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social el panorama cambió considerablemente para los particulares y autónomos (es decir, personas físicas) que se encontraban en esta situación. 

 

Finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad 

Básicamente, lo que se persigue con la aprobación de esta Ley de Segunda Oportunidad es favorecer que cualquier individuo que se encuentre en una situación de insolvencia (esto es, que no tenga bienes suficientes para hacer frente al pago de sus deudas) pueda poner fin a ella y empezar de cero de nuevo, intentando que los acreedores se vean perjudicados lo menos posible.

Se trata de favorecer que aquel que siempre se ha conducido como “un buen pagador” pueda tener una salida de la situación de endeudamiento tan alto en la que se encuentra y que, de nuevo, le sea posible tener un negocio, comprar bienes o disponer de su nómina íntegramente.

Y se hace desde dos ángulos: primero se intenta llegar a un acuerdo de pago con los acreedores y si no es posible, en una segunda fase, se puede exonerar de la obligación por decisión judicial. De esta forma la situación de bloqueo finalizará, ya sea con el acuerdo de pago futuro o con el perdón de todo  o parte de la deuda.

La cuestión tiene cierta complejidad y, si te encuentras en una situación similar, lo más conveniente es que te pongas en manos profesionales. Por ejemplo, en Iuris NOW puedes encontrar los mejores abogados expertos en la ley de segunda oportunidad.

Requisitos para su aplicación 

Esta normativa solo es de aplicación a las personas físicas, tanto si han ejercido una actividad empresarial o profesional (autónomos) como si no. 

Es decir, es indiferente que las cantidades que se tengan pendientes de pago provengan del desarrollo de un negocio o de los gastos e inversiones que se hayan realizado a título particular.

El procedimiento es prácticamente idéntico pero la diferencia estriba en que mientras en el caso de particulares se inicia ante un notario, en el caso de autónomos el órgano competente es el Registro Mercantil o la Cámara de Comercio que corresponda.

Ahora bien, la idea no es que se eliminen las deudas de todo aquel que no pueda pagarlas. Es necesario, además, que se cumplan una serie de requisitos tendentes a corroborar que la situación no ha sido provocada o favorecida por el deudor y que pongan de manifiesto que este ha empleado la diligencia debida a la hora de hacer frente a sus pagos.

En este sentido es necesario dejar claro que ha actuado de buena fe, demostrando, entre otras cosas:

  • Que no ha intervenido culpa grave o dolo en la situación de insolvencia en la que se encuentra
  • Que ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos
  • Que no ha rechazado ninguna oferta de trabajo acorde a su perfil en los últimos cuatro años
  • Que no ha sido condenado por delitos económicos en los últimos diez años
  • Que no ha mentido sobre su situación de insolvencia ni ha ocultado información de relevancia sobre la misma. Etc.

En cuanto al montante de la deuda, es preceptivo que no supere los 5 millones de euros.

Fases del proceso 

Una vez que el deudor ya no tiene bienes con los que hacer frente al pago de las deudas se inicia el procedimiento contemplado en la Ley de Segunda Oportunidad, que contempla un proceso dividido en dos fases:

1.- Acuerdo extrajudicial de pagos.

Bajo la supervisión judicial, se intenta llegar a un acuerdo de pagos con los acreedores de forma que estos puedan recuperar al menos parte de su dinero. 

Normalmente se establecen quitas (rebajas en la deuda) y esperas (aplazamientos) para que se llegue a un compromiso de pago que realmente sea asumible por el deudor. Y la idea es que los acreedores “faciliten” el llegar a ese punto.

2.- Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

Si finalmente no se llega a un acuerdo, se puede solicitar la exoneración del total o parte de la deuda pendiente. El juez decidirá, teniendo en cuenta todas las circunstancias de los interesados, si se procede a cancelar todo o parte de la deuda restante.

 

A grandes rasgos, en esto es en lo que consiste el procedimiento que contempla la Ley de Segunda Oportunidad. Espero que este artículo te haya sido útil para tener, al menos, una idea general sobre ella.